Human Rights Watch, Informe Mundial 2010: destaca los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Categoría de nivel principal o raíz: Noticias Categoría: Gobierno Publicado: Jueves, 21 Enero 2010 20:51 Visto: 2090

21 enero 2010.-El informe anual de Human Rights Watch destaca El Presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. México permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército.



El sistema de justicia penal de México padece graves problemas de derechos humanos, como el uso de la tortura y el maltrato por parte de las autoridades de aplicación de la ley, y no juzga adecuadamente los delitos. La creciente violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental ha generado un clima de autocensura en varias partes del país.
Impunidad por abusos militares

Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública. La cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009.

En febrero de 2009, por ejemplo, un grupo de soldados detuvo arbitrariamente a un indígena en Oaxaca durante seis horas y lo sometió a golpizas y técnicas de asfixia por inmersión. En marzo, varios soldados detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinaron reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico. En agosto, un grupo de soldados detuvo a dos hombres en Morelos, los amenazaron de muerte, les vendaron los ojos y los golpearon.

Las autoridades militares asumen habitualmente la jurisdicción militar para investigar y juzgar los abusos del Ejército. Como resultado, la gran mayoría de los casos de abusos del Ejército nunca son juzgados con éxito. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor hacia esta institución, que impide que las víctimas civiles y los testigos brinden información a las autoridades militares.
Sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas de policía abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúan este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles. A su vez, los reclusos también son víctimas de abusos por parte de los guardias. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones, y muchos menores detenidos no tienen acceso a programas educativos.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, y contempla medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. Sin embargo, existen dos disposiciones que vulneran las obligaciones de México conforme al derecho internacional. La primera permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de haber sido acusados de la comisión de un delito. La segunda deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe ser puesto en libertad provisional hasta la sustanciación del juicio y durante este. El gobierno tiene un plazo de ocho años para implementar la reforma.
Impunidad por los crímenes de la "guerra sucia"

Durante sus cinco años de vigencia, la Fiscalía Especial creada en 2001 para investigar y juzgar los abusos cometidos durante la "guerra sucia" ocurrida en México entre la década de 1960 y de 1980, realizó avances muy limitados. No logró obtener ninguna condena penal. De los más de 600 casos de desapariciones, consignó 16 casos y obtuvo órdenes de aprehensión en 9 de ellos. La fiscalía sólo pudo determinar el destino de seis personas desaparecidas (cuatro fueron enviadas a instituciones psiquiátricas y dos fueron asesinadas mientras se encontraban detenidas).

Luego de que Calderón cerrara oficialmente la Fiscalía Especial, los casos fueron transferidos a otra unidad no especializada que pertenece a la Procuraduría General de la República, que no ha obtenido avances significativos en las investigaciones.
Libertad de expresión e información

Diversos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han criticado a los gobiernos de los estados, han sido víctimas de hostigamiento y agresiones. En julio de 2009, por ejemplo, el cuerpo brutalmente golpeado de un periodista fue encontrado enterrado cerca de Acapulco, con las manos y los pies atados y la cabeza envuelta con cinta. Siete periodistas mexicanos han desaparecido desde 2005, cinco de los cuales habían investigado los vínculos entre funcionarios locales y la delincuencia organizada. Estos casos han suscitado un clima de autocensura en algunas regiones del país.

Desde 2007, la difamación, las calumnias y las injurias ya no constituyen delitos federales. Sin embargo, en los estados las leyes penales sobre difamación continúan siendo excesivamente restrictivas y suelen socavar la libertad de expresión.

Tanto la ley federal sobre transparencia y acceso a la información de 2002 como la reforma constitucional de 2007 incrementaron las vías para el escrutinio público del gobierno mexicano. No obstante, los avances logrados en la promoción de la transparencia en el Poder Ejecutivo federal no se han replicado del todo en los demás poderes de gobierno, en los organismos autónomos, ni a nivel estatal.
Defensores de derechos humanos

Las Naciones Unidas han documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores de derechos humanos mexicanos desde 2006, y 27 de ellos se produjeron durante la primera mitad de 2009. Los métodos de intimidación más comunes han sido las amenazas contra la vida o la integridad física de los defensores, realizadas por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas o notas anónimas dejadas en el lugar de trabajo. La lista incluye además 10 asesinatos. Por ejemplo, los cuerpos de dos defensores que habrían sido secuestrados en Guerrero por la policía en 2009 fueron encontrados varios días después con marcas visibles de tortura.
Derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual

Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la "castidad" de la víctima, o penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades. Las garantías legales existentes no suelen aplicarse con suficiente firmeza. Las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades haber sido víctimas de violación o violencia generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Por ello, las víctimas suelen ser renuentes a denunciar los delitos, y esta falta de denuncia, a su vez, frustra la promoción de las reformas legales necesarias. Como resultado, prevalece la impunidad por la creciente violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas.

En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, y durante 2009 varios estados intentaron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus constituciones. Si bien todos los estados permiten el aborto en determinadas circunstancias específicas, como luego de una violación, el trato displicente y hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que desean interrumpir su embarazo no deseado muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica.
Derechos laborales

La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos, ya que las leyes inadecuadas y su ejecución deficiente por lo general no los protegen frente a despidos dispuestos a modo de represalia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La institución oficial de derechos humanos de México ha ofrecido información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de derechos fundamentales. Sin embargo, pese a su amplio mandato y a sus importantes recursos, en general no ha exigido a las instituciones gubernamentales que reparen los abusos documentados ni ha promovido las reformas necesarias para evitarlos. En noviembre de 2009, el Senado designó a un nuevo presidente de la Comisión por un mandato de 5 años.
Actores internacionales clave

La Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia de varios años de duración acordado en 2007, mediante el cual Estados Unidos ha proporcionado a México fondos por $ 1.351 millones destinados a abordar los niveles crecientes de violencia y corrupción por parte de poderosos carteles de narcotraficantes [Actualizado en enero de 2010]. Al autorizar los fondos, el Congreso estadounidense determinó que la mayor parte de la asistencia para las fuerzas de seguridad mexicanas estaría disponible inmediatamente, pero que el 15 por ciento de la mayoría de los fondos sólo se entregarían una vez que la Secretaria de Estado de Estados Unidos informara al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos sobre derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales del fuero común o federal investiguen y juzguen a los policías federales y a los militares que violan los derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.

Sin embargo, la efectividad de estos requisitos se vio debilitada cuando en agosto de 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su primer informe acerca de los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, en el cual no se analiza si estos fueron cumplidos por México ni se demuestra que México esté asegurando que las autoridades civiles investiguen los abusos. El Congreso autorizó la entrega de una parte de los fondos retenidos, pero solicitó información adicional que debía ser incluida en el próximo informe del Departamento de Estado.

En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias vinculantes, decidió que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pachecho, cometida por militares durante la "guerra sucia", y por la impunidad del caso.  La Corte ordenó al estado que investigara adecuadamente los hechos y determinara los responsables, que adoptara diversas medidas de reparación y que modificara el Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió también otros tres casos sobre abusos militares en Guerrero a la Corte Interamericana. Los casos involucran la detención arbitraria y tortura de dos activistas ambientales en 1999, y la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002. [Actualizado en enero de 2010]

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó el Examen Periódico Universal de México. El gobierno mexicano apoyó la mayoría de las recomendaciones destinadas a mejorar sus prácticas de derechos humanos, pero no aceptó aquellas que cuestionaban el uso de tribunales militares para juzgar los abusos del Ejército.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en México que provee valiosa documentación sobre los problemas de derechos humanos y ofrece recomendaciones para superarlos, como su informe de 2009 sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.
http://www.hrw.org/es/world-report-2010/mexico-0